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La renta de las personas con discapacidad es, generalizadamente, un 30 ó 40 por ciento inferior a la de la población sin discapacidad, por lo que el esfuerzo económico para arrendar una vivienda es mucho mayor.
A esto se une que las personas con discapacidad necesitan en muchas ocasiones disponer, en alquiler, de viviendas que reúnan las debidas condiciones de accesibilidad, pero aún son muy pocas las viviendas de este tipo que ofrece el mercado, por lo que se incrementan notablemente los costes.
Para compensar esa desventaja objetiva, causada por la inaccesibilidad general de viviendas en alquiler, el CERMI solicita al Ministerio de Vivienda que las personas con discapacidad y sus familias sean consideradas como un grupo de población preferente a la hora de otorgar ayudas públicas al alquiler.
Fuente: COCEMFE
Fuente: COCEMFE
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