Las residencias exigen acelerar el proceso de acreditación, por ser la "asignatura pendiente de la Ley de Dependencia"

Europa Press (14/04/2008)

La Asociación Madrileña de Residencias y Centros de Día (AMRTE) exigió hoy acelerar el proceso de acreditación de centros residenciales por ser, junto con el copago, la "asignatura pendiente de la Ley de Dependencia".

"Servicios Sociales no prevé la creación de una red pública de centros, sino el aprovechamiento de la existente y la concertación con el sector privado", lamentó el presidente de AMRTE y vicepresiente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid.

El hasta ahora Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales estimaba que con la aplicación de la Ley de Dependencia se generarían un mínimo de 300.000 puestos de trabajo hasta 2015. Sin embargo, según AMRTE el retraso en su aplicación puede frenar las expectativas creadas entre los beneficiarios, así como las de los empresarios y trabajadores.

Fernández-Cid espera que el sector privado de atención a personas dependientes pueda mantener pronto un encuentro con Mercedes Cabrera, la nueva ministra de Educación, Política Social y Deporte, para abordar los temas que aún están pendientes.

"El sector necesita que el Ejecutivo fije unos indicadores de calidad básicos, que esperamos sirvan para homogeneizar las acreditaciones ya existentes y autorizar otras nuevas. ¿Cuándo nos vamos a reunir con la Administración para llegar a un acuerdo sobre la acreditación de los centros residenciales?", insiste Fernández-Cid.Además, el presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la nacional considera que no disponer aún de la acreditación de calidad correspondiente, les impide planificar nuevas inversiones.

"Nos preocupa que el nuevo decreto nos obligue a valorarnos de nuevo. Deberíamos poder homologar nuestro sistema y poder continuar así trabajando como hasta ahora, con seriedad y profesionalidad.Nos asusta realmente que nuestra autorización pase a ser provisional, porque los requisitos que exigiría la Administración podrían ser diferentes. Una alternativa que resultaría demasiado arriesgada y costosa para el sector", planteó.

Cuando el sistema esté consolidado, la oferta deberá especializarse en función del tipo de atención que cada centro ofrezca por lo que "las acreditaciones deberán ser diferentes si el colectivo al que atiende un centro residencial concreto son enfermos de alzheimer, dependientes físicos, psíquicos, etc", explicó.

Por otra parte, la acreditación tendrá que dedicar un apartado especial al personal, su formación, titulaciones, etc. "Uno de nuestros principales problemas es la falta de profesionales y la alta rotación de las plantillas.

La solución que ahora se materiliza como la más coherente es recurrir a contingentes de profesionales extranjeros, que están muy bien preparados y dispuestos a trabajar.Pero para ello deben agilizarse los trámites que permitan homologar sus titulaciones", planteó el presidente de la patronal.

"Además, necesitamos saber los ratios de personal que exigirá la Administración, porque ahora varía tanto de una comunidad a otra que parece que tenemos 17 Leyes de Dependencia diferentes", explica Fernández-Cid.